La Contraloría General de la República pondrá en marcha los Mega Operativos de Control Regional en cinco regiones del país durante el segundo semestre del año. Para ello, desplegará una gran cantidad de auditores para detectar hechos de corrupción o inconducta funcional que afecten el desarrollo de Áncash, Arequipa, Callao, Ucayali y Tumbes, así como velar por el uso correcto de los recursos públicos, informó el contralor general Nelson Shack.
Durante la presentación del Informe de Gestión 2019 en la sesión virtual de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, precisó que se está elaborando el programa de trabajo para realizar estos operativos en las regiones seleccionadas y se concluirá labor pendiente en Cajamarca.
“Haciendo un gran esfuerzo, vamos a poder iniciar estas actividades y, en modo alguno, poder concluirlo este año”, dijo a los parlamentarios, a quienes recordó que existen pedidos para realizar estos operativos de control en todas las regiones del país.
EL CASO CAJAMARCA
La Contraloría inició los Mega Operativos de Control en Cajamarca debido a que se trata de una región mediana en la que se iba a realizar un proyecto piloto y porque esa región registra uno de los mayores niveles de pobreza pese a disponer de recursos provenientes del canon minero.
“El Mega Operativo se suspendió ante la declaración del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19, por lo que esperamos retomar y concluir este compromiso en el mes de octubre”, adelantó.
PÉRDIDAS POR CORRUPCIÓN
Shack Yalta recordó que las pérdidas ocasionadas por la corrupción en el Perú suman S/ 23 297 millones en el 2019, de los cuales S/ 13 670 millones corresponden a instancias del Gobierno Nacional y S/ 9 626 millones a instancias del Gobierno Subnacional (gobiernos regionales y locales).
Nelson Shack reveló que con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se convocará una consultoría para establecer una metodología del cálculo de daño patrimonial y extra patrimonial que ocasiona la corrupción en el país. “Esto debe terminar el primer cuatrimestre del 2021”, estimó.
EL DATO Un total de S/ 921 millones de perjuicio económico y más de 8,000 servidores públicos con responsabilidad fueron detectados en servicios de control posterior realizado por la Contraloría en el 2019.
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