Los gobiernos regionales y municipales del Perú recibieron un adelanto de más de 1,900 millones de soles por concepto de canon minero (1,507 millones para regiones y 403 millones para municipalidades). Este canon proviene del 50 % del Impuesto a la Renta que pagan las empresas mineras.
Sin embargo, la falta de planificación, capacidades técnicas y transparencia ha impedido que estos recursos se traduzcan en mejoras reales para la población. Expertos advierten que la distribución actual del canon no responde a las necesidades locales y que su uso sigue siendo ineficiente, con riesgos de corrupción.
Martín Valencia, del Instituto Peruano de Economía (IPE), señala que el canon varía según las utilidades mineras y que su cálculo es complejo. También advierte que las expectativas sobre ingresos futuros —como en Apurímac— deben tomarse con cautela, ya que dependen de factores económicos inestables y ajustes tributarios.
Finalmente, el especialista recomienda revisar el esquema de distribución y fortalecer las capacidades de los gobiernos subnacionales para asegurar una gestión pública más eficiente y transparente.
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