El partido que lidera Rafael López Aliaga, aspirante a la presidencia de la República, tiene en su lista de postulantes al Legislativo a 11 exfuncionarios cuyos nombres figuran registrados en 20 informes de la Contraloría por cometer infracciones, irregularidades y hasta actos indebidos de connotación penal.
Los nombres de al menos 11 exfuncionarios que son candidatos al Congreso en la lista de Renovación Popular, que participarán en las elecciones del 11 de abril próximo, figuran en 20 informes de la Contraloría debido a que su labor en entidades del Estado fue observada por cometer faltas administrativas, infracciones, irregularidades e incluso delitos, de acuerdo con información oficial revisada y analizada por Convoca.pe.
De ellos, ocho postulantes al Parlamento por el partido de Rafael López Aliaga ocasionaron graves perjuicios al país por S/ 4'064,594 —en conjunto—, cuando desempeñaron algún cargo o función pública. Se trata de los exfuncionarios Ernesto Chilón Castro, Renato Olórtegui Rabanal, José Carlos Huamán Cruz, Tomás Laqui, Guillermo Ernesto Gutiérrez, Isabel Najarro, Sergio Huamán y Jorge Eduardo del Castillo.
Las instituciones públicas más perjudicadas fueron la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Cusco, así como las municipalidades de Cajamarca y de La Encañada (Cajamarca).
Los tres candidatos restantes, que aparecen en los informes de control, son Esdras Medina, Karla Agurto y Tolomeo Caso.
En su campaña electoral, el aspirante a la presidencia Rafael López Aliaga siempre ha resaltado sus valores cristianos y de quienes integran en su partido la lista de postulantes a una curul. Incluso, en una reciente entrevista con el periodista Jaime Bayly, López Aliaga aseguró que él mismo entrevistó a 500 personas por videoconferencia para realizar una selección "más estricta" de postulantes al Poder Legislativo.
Cabe anotar, además, que el candidato presidencial por Renovación Popular en sus declaraciones públicas pretende descalificar a determinados rivales políticos por haber laborado por varios años en el Estado, a pesar de que en su organización política hay varios que fueron funcionarios en diferentes organismos públicos, como gobiernos regionales, municipalidades y dependencias del Ministerio de Salud.
Postulante por Cusco
En 2014, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Cusco (Caja Cusco) adquirió dos terrenos en la región cusqueña por más de S/ 7 millones. En ese entonces, José Carlos Huamán Cruz era parte del directorio que aprobó esta compra. El problema surgió por la tasación que se le dio a los inmuebles, pues la valorización fue llevada a cabo por un ente privado, algo que contraviene la norma por tratarse de una compra pública. Según el Informe de Control Nº 009-2016-2-0948, esta situación causó un perjuicio al Estado por más de S/ 1 millón 900 mil.
En el documento, el órgano de control estableció la presunta responsabilidad administrativa del ahora candidato Huamán Cruz , quien en las elecciones de enero 2020 postuló sin éxito para un escaño. De acuerdo con su hoja de vida, ecónomo-administrador del Arzobispado de Cusco durante diez años, puesto que también se le reconoce en los informes de control. Y también perteneció, por ocho años, al consejo directivo de la entidad financiera de la municipalidad de Cusco.
En una auditoría de Caja Cusco, realizada en 2016, se pudo conocer que el directorio de este organismo —con participación de José Carlos Huamán— autorizó gastos, pasajes y viáticos de manera irregular, lo que perjudicó al estado en S/ 9 mil 539. Esta aprobación se hizo de forma indebida al haber sido incluida en actas de momentos distintos. Además, se halló incongruencias en la secuencialidad y procesos administrativos de la institución financiera.
Dos candidatos en Cajamarca
En el caso de Ernesto Chilón Castro, postulante al Parlamento por Cajamarca, tuvo distintos cargos en las municipalidades provinciales de Cajamarca y San Marcos, así como en la comuna distrital de La Encañada, en las cuales ocasionó un perjuicio al Estado por S/ 1 millón 500 mil, en total. Según su hoja de vida, laboró en municipalidades diferentes entre 2011 y 2019.
En el Informe de Control Nº 016-2020-2-1512, que corresponde a la municipalidad de La Encañada, se indica que a Ernesto Chilón se le encontró presunta responsabilidad penal, cuando era secretario general, en relación al pago de valorizaciones y liquidación de cuentas del contrato de obra por “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de las Aguas Residuales de la Localidad de La Encañada - Pollo, Distrito de La Encañada, Provincia de Cajamarca Región Cajamarca".
En 2015, Chilón designó a César Torres Marín como Procurador Público adjunto del municipio, quien a su vez aprobó pagos que “no guardaban relación con el estado situacional real de la obra, reconociendo inclusive saldos a favor” del Consorcio JH (JH Ingenieros, Consultores y Ejecutores de Obras Eirl, junto a M y A Contratistas Generales SRL), y así se causó perjuicio al Estado por S/ 943 mil 370.
Fuente: Convoca
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